Inicialmente un decreto del Poder Ejecutivo de 2017 obligó a Uber a pagar esos tributos tras una gran polémica social ante la competencia desleal entre el servicio prestado por sus choferes asociados y los autos con taxímetro. Asimismo, ordenó que la compañía declarada un representante legal en Uruguay.
Ante ello, la multinacional logró primero que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo le diera la razón porque el decreto establecía la cuantía de ambos impuestos algo que es ilegal.
Por lo sucedido, el Ejecutivo ordenó que la DGI realice la devolución de 2.2 millones de dólares volcados en impuestos, los cuales, para ser específico eran por pago de IVA y renta a los no residentes.
Fuente: Subrayado 02/12/21