En un contexto como el peruano, donde las regulaciones empresariales están en constante evolución y las entidades fiscalizadoras intensifican su supervisión, resulta imprescindible que las empresas adopten una cultura de cumplimiento legal y buen gobierno corporativo. Estos elementos no solo previenen sanciones y conflictos, sino que también promueven la sostenibilidad, la transparencia y la confianza entre los distintos grupos de interés (stakeholders).
El cumplimiento legal (compliance) en Perú abarca desde la adecuada inscripción en Registros Públicos, la correcta presentación de estados financieros, el cumplimiento tributario con SUNAT, hasta la adopción de medidas de prevención contra delitos como el lavado de activos y la corrupción, conforme lo establecido en la Ley N.º 30424 y su reglamento. Por otro lado, el gobierno corporativo se refiere al sistema de principios, políticas y procesos mediante los cuales una empresa es dirigida y controlada. La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) ha establecido, mediante su Código de Buen Gobierno Corporativo, una guía para sociedades peruanas, orientada principalmente a empresas con acceso al mercado de valores, pero aplicable también a medianas y pequeñas empresas que busquen mejorar su gobernanza.
Riesgos y consecuencias de una gestión deficiente
Ignorar las exigencias legales puede generar impactos financieros, reputacionales y jurídicos graves:
- Sanciones administrativas y tributarias: SUNAT puede imponer multas por omisiones en declaraciones, inconsistencias en libros contables o incumplimiento de obligaciones formales. Por ejemplo, según el Código Tributario (TUO D.S. N.º 133-2013-EF), las multas pueden superar las 50 UIT dependiendo de la infracción.
- Responsabilidad penal de personas jurídicas: A partir de la Ley N.º 30424, las empresas pueden ser penalmente responsables por delitos como cohecho, colusión y lavado de activos, si no cuentan con un modelo de prevención implementado y supervisado.
- Invalidez de decisiones societarias: Si las actas no están debidamente inscritas o los órganos no están correctamente conformados, los acuerdos del directorio o de junta general pueden ser impugnables.
- Riesgos reputacionales: Una mala gestión legal y de gobierno corporativo afecta la imagen de la empresa frente a clientes, proveedores e inversores. En mercados regulados, puede conllevar la pérdida de licencias o la exclusión de procesos de contratación estatal.
Buenas prácticas específicas de cumplimiento y gobernanza
A continuación, algunas prácticas clave recomendadas por entidades como la SMV y la SBS para empresas peruanas:
- Implementación de un programa de cumplimiento normativo: Debe incluir una matriz de riesgos legales, controles internos, canales de denuncia y procesos de remediación. En el caso de delitos penales, es crucial contar con un Modelo de Prevención según la Ley N.º 30424.
- Políticas de transparencia y acceso a la información: La SMV recomienda que las empresas publiquen sus estados financieros, estatutos actualizados y memorias anuales para facilitar el control ciudadano e inversionista.
- Directorio independiente y con funciones claras: Para evitar conflictos de interés, el directorio debe tener miembros independientes y cumplir funciones estratégicas y de supervisión, no operativas.
- Cumplimiento tributario activo: No solo se trata de declarar impuestos a tiempo. Es clave revisar los criterios tributarios aplicados (como las deducciones, exoneraciones, etc.) para evitar reparos que puedan derivar en fiscalizaciones complejas.
La asesoría especializada como pilar de cumplimiento
Dado el grado de complejidad y especialización requerido para cumplir con todas las obligaciones legales y fiscales, muchas empresas en Perú optan por apoyarse en servicios de asesoría legal para empresas. Un equipo multidisciplinario -que incluya abogados especialistas en derecho empresarial, contadores y auditores- permite anticipar riesgos, estructurar adecuadamente la empresa, adaptar su régimen tributario a su nivel de operaciones, y evitar errores que puedan terminar en sanciones o litigios.
Asimismo, la asesoría legal cumple un rol fundamental al momento de diseñar y poner en práctica un modelo de prevención que proteja a la empresa frente a delitos de responsabilidad penal empresarial. En este punto, se requiere no solo conocimiento técnico, sino también experiencia en los criterios del Poder Judicial y de la Fiscalía de la Nación.
Fuente: https://www.smv.gob.pe/consultasp8/temp/gobcorporativo2013.pdf