En el entorno corporativo peruano, el cumplimiento de las obligaciones societarias no solo representa una formalidad administrativa, sino que constituye un pilar fundamental para garantizar la legalidad, sostenibilidad y transparencia de las operaciones empresariales. Sin embargo, muchas organizaciones -especialmente aquellas en expansión o con estructuras complejas- subestiman el alcance legal de omitir o postergar estas responsabilidades.
¿Qué son las obligaciones societarias?
Las obligaciones societarias son los deberes legales que deben cumplir las empresas constituidas en el Perú de acuerdo con la Ley General de Sociedades (Ley N.º 26887) y otras normativas aplicables. Estas comprenden, entre otras:
- La convocatoria y realización de juntas generales de accionistas.
- La inscripción en Registros Públicos de acuerdos societarios relevantes (como modificaciones estatutarias, aumentos de capital o cambio de representantes).
- La legalización y conservación de libros contables y societarios.
- La presentación oportuna de estados financieros ante SUNAT u otras autoridades regulatorias.
- La actualización del domicilio fiscal y societario.
Consecuencias del incumplimiento
No atender adecuadamente estas obligaciones puede acarrear serias consecuencias legales, financieras y reputacionales para las empresas. Entre las principales implicancias se encuentran:
- Sanciones administrativas: La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) y la SUNAT pueden imponer multas por omisiones o errores en los registros obligatorios.
- Nulidad de actos societarios: Si una decisión empresarial no fue adoptada conforme a los procedimientos establecidos (por ejemplo, sin una junta válida o sin su debida inscripción), puede ser impugnada o declarada inválida.
- Responsabilidad personal de directivos: En casos graves, los administradores podrían ser responsabilizados individualmente por los perjuicios ocasionados a la sociedad o a terceros.
- Riesgos reputacionales y contractuales: El incumplimiento puede limitar la posibilidad de contratar con el Estado, acceder a licitaciones o negociar con empresas que exijan altos estándares de cumplimiento legal.
- Obstáculos en procesos de fiscalización o auditoría: Las empresas pueden enfrentar dificultades en procesos de fiscalización tributaria si su estructura societaria no refleja la realidad operativa.
La importancia del asesoramiento legal especializado
En este contexto, resulta indispensable contar con servicios legales corporativos que no solo acompañen el cumplimiento normativo, sino que anticipen riesgos y garanticen la correcta planificación y ejecución de las decisiones societarias. Un abogado especialista en derecho empresarial puede evaluar de forma preventiva los vacíos en la gestión legal de una empresa y proponer soluciones prácticas que protejan sus intereses y reputación.
Además, el acompañamiento legal permite adecuar estatutos, reorganizar estructuras corporativas, gestionar libros y registros con orden, y responder de forma eficaz ante eventuales requerimientos de SUNAT, SUNARP o INDECOPI.
Conclusión
La omisión de las obligaciones societarias no debe ser tomada a la ligera. Su incumplimiento puede acarrear desde sanciones económicas hasta la paralización de operaciones clave o conflictos legales que comprometan la viabilidad de la empresa.
Por ello, más que una exigencia normativa, el cumplimiento societario debe asumirse como una estrategia preventiva que salvaguarda la integridad jurídica de la organización.
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